El preocupante fenómeno de la extorsión está en alza en México, y el Estado de México se erige como el epicentro de este delito que afecta cada vez más a la población.

Puebla de Zaragoza, Pue.- Según cifras oficiales, la extorsión ha aumentado en un 18.5% desde el inicio de la actual Administración en 2019 hasta el cierre de 2023, pasando de 8,133 a 9,638 denuncias en los periodos de enero a noviembre de ambos años.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) señala también que, respecto a 2022, se registraron 9,525 casos de extorsión, lo que indica un incremento del 1.19%.

Este delito, de extorsión en su modalidad de “cobro de piso”, golpea con mayor fuerza al Estado de México, donde opera La Familia Michoacana.

Entre enero y noviembre de este año, la entidad gobernada por Delfina Gómez reportó 3,725 extorsiones, representando un abrumador 38.6% del total a nivel nacional. Además, encabeza la lista de tasas de víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes con 21.81, mientras que la media nacional es de 7.81.

Otros estados afectados significativamente con incrementos porcentuales son Colima con 15.23, Guanajuato con 14.23, Baja California Sur con 13.58, así como Nayarit y Nuevo León, ambos con un aumento de 13.29 por ciento.

De acuerdo con el consultor en seguridad pública, David Saucedo, se advierte sobre la complicidad persistente de las autoridades en casos de extorsión en el Estado de México y Guanajuato. Señala que existe cooptación de autoridades que son omisas o cómplices al tolerar este delito, ya que algunos jefes policiacos reciben comisiones por permitir la actividad delictiva del cobro de piso.

Sin embargo, los efectos de la extorsión van más allá de las cifras, afectando directamente a la integridad de las víctimas y sus familias, así como generando un aumento de precios en productos de consumo básico.

Este fenómeno no solo daña a las personas directamente involucradas, sino que también impacta el tejido social nacional.

Las autoridades reconocen un subregistro significativo de este delito, ya que las víctimas temen denunciar debido a las posibles represalias por parte de los generadores de violencia, una realidad evidente en estados como Michoacán, que, a pesar de tener solo 221 casos registrados, sufren las consecuencias de la extorsión más allá de limoneros y aguacateros.

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