La reciente decisión del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca, podría llevar a la liberación de Mario Aburto, el hombre condenado por el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994. Aburto podría recobrar su libertad el 23 de marzo del próximo año, exactamente en el aniversario del fatídico día en que disparó a la cabeza de Colosio en un mitin en Tijuana.

A partir de esa probabilidad, el periodista Raymundo Riva Palacio, señala que la decisión del tribunal se basa en que la sentencia original excedió lo estipulado por la ley, al considerar que el homicidio de Colosio debió ser juzgado en un tribunal estatal, bajo el Código Penal de Baja California de 1994, en lugar de un tribunal federal, lo que limitaba la pena máxima a 30 años de prisión.

Detrás de esta decisión judicial, subyace una trama política que se ha acelerado en el contexto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Según las revelaciones del periodista Raymundo Riva Palacio, esta estrategia se ha ido gestando desde la aplastante derrota de AMLO y su partido Morena en las elecciones de 2021, cuando el presidente se dio cuenta de que sus operadores políticos le habían engañado y no logró obtener la mayoría calificada en el Congreso.

Fue entonces cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para que reabriera la investigación del caso Colosio, basándose en "violaciones graves a los derechos humanos" de Mario Aburto. Esta recomendación marcó el inicio de una estrategia que tenía como objetivo liberar a Aburto y, al mismo tiempo, utilizarlo como una herramienta política para señalar a los enemigos del gobierno.

La decisión del tribunal en Toluca puede considerarse como el clímax de esta estrategia. Aunque Aburto no será exonerado del asesinato de Colosio, la sentencia original se considera excesiva desde el punto de vista legal. La argumentación central se basa en que el asesinato de Colosio no debió ser juzgado en un tribunal federal, ya que en ese momento Colosio no era un funcionario federal, sino un ciudadano común, a pesar de ser candidato presidencial. Por lo tanto, el crimen debió procesarse conforme al Código Penal de Baja California, que estipulaba una pena máxima de 30 años, en lugar del Código Penal Federal, que imponía una pena mayor por homicidio.

La liberación de Aburto por el delito de homicidio no significa el cierre definitivo del caso. El tribunal ha solicitado a la FGR que analice las denuncias de tortura presentadas por Aburto y que evalúe, con presuntas nuevas pruebas, su responsabilidad penal. Esta es la pieza clave que el gobierno de AMLO pretende utilizar para revivir el caso Colosio y apuntar hacia sus objetivos políticos.

El caso de tortura se ha vuelto el foco de atención. Si se llegara a demostrar, permitiría al gobierno de AMLO argumentar que Mario Aburto fue manipulado y presionado para cometer el asesinato de Colosio, convirtiéndolo en un peón político en manos del poder. Es importante destacar que Aburto ha modificado sus declaraciones en múltiples ocasiones a lo largo de los años, lo que ha generado escepticismo en torno a su versión de los hechos.

El objetivo final de esta estrategia, deduce Raymundo Riva Palacio, parece que es llevar a la cárcel a Carlos Salinas de Gortari y Manlio Fabio Beltrones, a quienes Aburto ha señalado en sus acusaciones. En esa lógica, el caso Aburto se activará como un misil en el marco de una campaña presidencial que, según los observadores, estará marcada por la percepción pública más que por la realidad.

Horacio De la Cruz S. | Twitter: @hcsblog | Asuntos De Estado