Mientras el diputado morenista Ignacio Mier señala que “con la reforma que impulsamos para desaparecer 13 fideicomisos del Poder Judicial quedan protegidos los derechos laborales de los más de 55 mil empleados y se acaban los lujos y el derroche de recursos en este Poder porque la justicia en México debe ser pronta, expedita y gratuita”, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hay todo un revuelo.

La posible invalidación de recursos financieros de los 13 fideicomisos tendrá implicaciones tanto técnicas como políticas, que podrían afectar significativamente el funcionamiento del Poder Judicial Federal.

Veamos. La reducción de recursos financieros podría limitar la capacidad de la SCJN para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva. Esto incluye la gestión de los tribunales, la contratación de personal, la inversión en tecnología y la realización de investigaciones y análisis legales.

Además, es previsible que la importante disminución de recursos que plantea la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, dé lugar a retrasos en los procedimientos judiciales, lo que podría resultar en una acumulación de casos sin resolver. Esto perjudicaría a los litigantes, aumentaría la congestión judicial y afectaría la prontitud de la justicia.

La falta de recursos podría afectar negativamente la calidad de las decisiones judiciales. Recordemos que la SCJN necesita tiempo y recursos para investigar y deliberar sobre casos importantes. Así que la toma de decisiones apresuradas o insuficientemente informadas, podría socavar la integridad del sistema de justicia.

Todo esto, finalmente, debido a que la SCJN no se ha alineado con los intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que la actuación independiente del Poder Judicial Federal, le va a resultar muy costosa.

La dupla de Morena Ejecutivo-Legislativo, no ha dudado en castigar a la SCJN. Al final lo que sucede es un debilitamiento del equilibrio de poderes, al socavar el sistema de pesos y contrapesos en el Estado mexicano.

La percepción de que el poder legislativo está tomando represalias contra el poder judicial, es muy amplia. Y esto no conviene a nadie. Al final un sistema judicial pro 4T, podría minar la confianza del público en el sistema de justicia y en la democracia en general.

Pero no creo que se entienda en las huestes oficialistas que la independencia del poder judicial es fundamental para el Estado.

Al final, si el poder legislativo utiliza la reducción de fondos como una herramienta para influir en las decisiones judiciales, existe un riesgo de politización del sistema judicial. Esto podría llevar a decisiones judiciales basadas en consideraciones políticas en lugar de en el derecho y la justicia.

Una crisis de gobernanza está en puerta. La incertidumbre y la inestabilidad en el sistema judicial afectarían negativamente la gobernabilidad y la capacidad del gobierno para abordar asuntos importantes y resolver conflictos de manera efectiva y apegados a la Ley.

En menos de un mes, veremos cuánto resiste el Estado mexicano. Mientras tanto, con este golpe, ya se escucha a sus estructuras crujir.

Horacio De la Cruz S. | Twitter: @hcsblog | Asuntos De Estado