La Cámara de Diputados ha concluido la elaboración de la política fiscal del país, al aprobar en lo particular, con modificaciones, el dictamen que contempla la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

Ciudad de México.- Este proyecto de ley prevé ingresos totales por un destacable monto de 9 billones 66 mil 45.8 millones de pesos.

Con una votación de 260 votos a favor, 183 en contra y una abstención, los artículos reservados fueron aprobados de acuerdo con las modificaciones y adiciones aceptadas por la Asamblea.

Una vez aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto se envió al Senado de la República para que realice los procedimientos necesarios y dé validez constitucional a la normativa.

Uno de los aspectos más notables del proceso legislativo fue la aceptación de modificaciones en los artículos 21 y 22, así como la adición de un Vigésimo Sexto Transitorio, destinadas a gravar impositivamente a ahorradores y a brindar apoyo a dos empresas paraestatales con permanentes problemas económicos: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El diputado Carol Antonio Altamirano, perteneciente a Morena, presentó modificaciones al artículo 21 que establecen una tasa de retención anual del 0.50 por ciento, en contraste con el 1.48 por ciento que se proponía en el dictamen original. Esto se traduce en que por cada mil pesos de rendimiento, sólo se retendrán cinco pesos en lugar de 14.8 pesos.

Según los diputados, la modificación al artículo 21 busca evitar un impacto negativo en la economía de miles de ahorradores y mejorar las finanzas públicas en beneficio de la población.

En apoyo a esta propuesta, se pronunciaron varios diputados, incluyendo a Javier Joaquín López Casarín (PVEM), Juan Carlos Natale López (PVEM), Claudia Selene Ávila Flores (Morena), Margarita García García (PT), Teresita de Jesús Vargas Meraz (Morena), Jaime Baltierra García (PT) y María Guadalupe Chavira de la Rosa (Morena).

En contra de la propuesta, se manifestaron Martha Estela Romo Cuéllar (PAN), Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI), Edna Gisel Díaz Acevedo (PRD), María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (MC), Manuel Jesús Herrera Vega (MC) y Elizabeth Pérez Valdez (PRD).

Otra reserva significativa fue presentada por la diputada Lilia Aguiar Gil del PT, quien propuso modificar el artículo 22, reduciendo del 40 al 30 por ciento el pago de derecho por la utilidad compartida, en sustitución de la tasa prevista en el artículo 39 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

La diputada indicó que ello significa quitar carga a la empresa productiva del Estado para que pueda reinvertir y aumentar la capacidad energética del país. Esta medida permitiría fortalecer a Pemex en su posición financiera, mejorar el perfil de su deuda, estabilizar la caída de la producción observada en años anteriores y mejorar las perspectivas de producción futura, contribuyendo al crecimiento de la industria petrolera y a los ingresos del país.

El apoyo a esta propuesta fue expresado por las diputadas Rosalba Valencia Cruz (Morena), Ana Laura Huerta Valdovinos (PVEM), Raquel Bonilla Herrera (Morena) y Gabriela Martínez Espinoza (Morena).

Por otro lado, en contra de la propuesta se manifestaron la diputada Itzel Josefina Balderas Hernández (PAN), José Francisco Yunes Zorrilla (PRI), Miguel Ángel Torres Rosales (PRD) y Omar Enrique Castañeda González (MC).

Finalmente, se aprobó la adición de un artículo Vigésimo Sexto Transitorio, que establece que las operaciones de transferencia de bienes, derechos y obligaciones realizadas por las empresas productivas del Estado de conformidad con los términos de la reasignación de activos y contratos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2019, no se considerarán una enajenación para efectos fiscales. Esto se debe a que estas operaciones son una redistribución interna de carácter administrativo que forma parte integral del proceso de creación y organización de dichas empresas, y deben mantener los mismos efectos legales otorgados a la asignación original de dichos activos.

Esta medida apunta a evitar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus empresas productivas subsidiarias paguen un dividendo estatal a favor del Gobierno Federal, lo que refuerza su capital y su capacidad para cumplir con sus compromisos e inversiones en proyectos productivos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

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