Si bien es necesario actualizar las necesidades fiscales del país, las modificaciones realizadas durante esta aprobación generan serias preocupaciones sobre el rumbo que está tomando la economía mexicana.
Particularmente la decisión de gravar los ahorros privados, que el diputado Carol Antonio Altamirano tanto cacaraquea como un “beneficio”, a través de tasas de retención sobre los rendimientos. Esta medida, en principio, representa una doble tributación sobre los ingresos, pero lo más preocupante es que desincentiva la inversión y le agrega una pesada loza al crecimiento económico.
¿Acaso ahorrar también es fifí?
Porque no se explica de otra forma el castigo que recibirán millones de ahorradores, básicamente clases medias.
Si el objetivo es recaudar más ingresos fiscales, esta estrategia tiene el potencial de reducir el flujo de dinero disponible para la inversión privada. Más todavía, en lugar de estimular el ahorro, el gravamen podría provocar salida de capitales y más desconfianza de los inversores en el sistema fiscal del país.
Agregue a lo anterior la concesión de beneficios fiscales a empresas estatales deficitarias (parasitarias), en particular a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A primera vista, podría parecer que se está brindando apoyo a estas empresas para impulsar su crecimiento y rentabilidad. Sin embargo, al analizar más de cerca, surge una pregunta importante: ¿es apropiado que el erario público grave a privados y continúe beneficiando a empresas que han demostrado ser ineficientes y poco competitivas?
El gravamen a los ahorros y los beneficios fiscales otorgados a Pemex y CFE generan una dinámica económica perjudicial.
Se grava el esfuerzo de quienes ahorran y se apoya a empresas que, en lugar de mejorar, han continuado siendo un lastre para las finanzas públicas del país (es decir para todos los contribuyentes).
La ideología anti neoliberal, está saliendo muy cara. Porque lo que aprobaron los diputados no solo socava la confianza en el sistema tributario, sino que también fomenta la ineficiencia económica al mantener a flote empresas que deberían ser capaces de competir en el mercado por sí mismas.
¡Qué fácil es tomar medidas para gravar los ahorros privados para financiar a empresas y caprichos estatales!
La carga recae desproporcionadamente en las clases medias, ahorradores y contribuyentes privados. Mientras tanto, conchudamente, las empresas estatales disfrutan de beneficios fiscales especiales, creando una brecha fiscal entre el sector público y privado que genera tensiones y desconfianza.
La reciente aprobación de la parasitaria Ley de Ingresos 2024, deja un sabor amargo. Representa un giro peligroso que amenaza el crecimiento económico, socava la confianza en el sistema fiscal, y castiga el esfuerzo de millones de personas y empresas de todo tamaño, que buscan ahorrar basados en un esfuerzo cotidiano.
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