Ciudad de México Esta decisión, adoptada por el Consejo General del INE con una votación de 10 a favor y uno en contra, establece la paridad de género en las candidaturas para las entidades de Ciudad de México, Jalisco, Yucatán, Tabasco, Guanajuato, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas.
La resolución del INE se produce en medio de una creciente demanda tanto del oficialismo como de la oposición para garantizar una mayor representación de las mujeres en la política. La consejera Norma Irene de la Cruz expresó:
No dilatemos más en dar luz verde a este acuerdo. La paridad ha demostrado su eficacia para atajar, en la realidad y en lo inmediato, las desigualdades que impiden a las mujeres acceder a oportunidades y al ejercicio pleno de sus derechos político-electorales.
Actualmente, 10 de las 32 entidades de México están gobernadas por mujeres. Sin embargo, la decisión de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, de buscar la presidencia en 2024 ha abierto un debate sobre la necesidad de aumentar la representación de género en los cargos de poder ejecutivo.
Dos de las gobernadoras actuales son del Partido Acción Nacional (PAN), en Aguascalientes y Campeche, mientras que el resto son del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido gobernante, y están al mando de Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Baja California, Guerrero, Colima, Campeche y Quintana Roo.
Hasta 2018, México sólo había tenido nueve gobernadoras en su historia desde que Griselda Álvarez se convirtió en 1979 en la primera mujer en ocupar el cargo en Colima. Este panorama cambió con la reforma constitucional de paridad total en 2019, que buscaba promover la igualdad de género en la política.
Sin embargo, a pesar de esta reforma, varios estados no han modificado sus leyes electorales para reflejar la paridad, lo que llevó al INE a intervenir en este asunto.
A pesar de la inicial resistencia de Morena y el PAN, quienes acusaban al instituto electoral de excederse en sus facultades y de invadir la vida interna de los partidos, la consejera Carla Humphrey argumentó que el proyecto de acuerdo se sustentaba en la obligatoriedad del principio constitucional de paridad y las omisiones legislativas a nivel federal y en la mayoría de los estados.
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