A pesar de su gran popularidad en México y en el ámbito internacional, el subgénero del regional mexicano se enfrenta actualmente a problemas que van desde la censura por parte de autoridades municipales y estatales hasta amenazas firmadas por presuntos miembros de la delincuencia organizada.
Ciudad de México.- En el epicentro de estas intimidaciones se encuentra Tijuana, Baja California, donde la aparición de mensajes intimidatorios en forma de cartulinas y mantas ha llevado a la cancelación de conciertos de destacados artistas, como Peso Pluma y Fuerza Regida, programados para el mes de octubre en el Estadio Caliente.
A través de las redes sociales, tanto Peso Pluma como Fuerza Regida anunciaron que, por razones de seguridad, se vieron obligados a cancelar sus conciertos en Tijuana.
Sin embargo, la alcaldesa de la entidad, Montserrat Caballero, cuestionó estas cancelaciones, afirmando que sólo se habían vendido 10 mil boletos y sugiriendo que los artistas podrían estar usando las amenazas como pretexto para cancelar eventos con baja demanda.
Montserrat Caballero instó a las autoridades a investigar tanto el origen como la autenticidad de las amenazas dirigidas a los intérpretes, así como a los promotores de los conciertos, sugiriendo la posibilidad de lavado de dinero por parte de estos últimos.
Estas acusaciones han resaltado nuevamente la controversial relación entre algunos artistas del regional mexicano y el cártel de las cuatro letras, al que se le atribuyen las amenazas.
DEL Records, una destacada disquera del género, ha estado bajo escrutinio desde al menos 2018, cuando agentes del FBI detuvieron a Ángel del Villar, su director general, y a Luca Scalisi, director de finanzas, acusados de mantener negocios con Jesús Pérez Alvear, una persona designada por la Oficina de Control de Archivos Extranjeros (OFAC) como colaborador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el lavado de dinero.
La OFAC afirmó que Jesús Pérez Alvear tenía estrechos vínculos con la familia González Valencia, conocida como Los Cuinis, y que se centraba en promover conciertos en ferias mexicanas, como las celebradas en Aguascalientes y Metepec.
Las investigaciones de las autoridades estadounidenses identificaron a Pérez como un promotor que usaba la violencia para obtener concesiones de conciertos y lavar las ganancias del narcotráfico a través de ingresos legítimos generados por la venta de boletos, refrigerios, estacionamiento y otros artículos.
La relación entre DEL Records y el CJNG se intensificó en 2018, cuando el FBI advirtió al cantante Gerardo Ortiz que incurriría en un delito si se presentaba en conciertos promovidos por Gallística Diamante, una empresa propiedad de Jesús Pérez Alvear y vinculada al CJNG. A pesar de las advertencias, DEL Records continuó asociándose con Pérez para la realización de múltiples conciertos de música regional, incluyendo uno de Gerardo Ortiz en la Feria de San Marcos en Aguascalientes.
Las investigaciones también revelaron que los ejecutivos de DEL Records estaban conscientes de la relación de Pérez con el CJNG, pero decidieron continuar con los negocios. Actualmente, Ángel del Villar y Luca Scalisi están en libertad bajo fianza, pero enfrentan un juicio que podría llevarlos a prisión por hasta 30 años si son declarados culpables.
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