Ciudad de México.- Estas preguntas, expresadas en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, han desencadenado un debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el Poder Judicial mexicano.
En su alocución, el presidente López Obrador enfatizó que no considera necesario que la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, acuda al Senado de la República para defender los fideicomisos del Poder Judicial. En cambio, instó a los ministros a responder estas cuestiones directamente al pueblo de México, argumentando que esta es la forma más efectiva de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial.
Las preguntas planteadas por el mandatario abarcan una amplia gama de temas, desde salarios hasta decisiones judiciales y cuestiones políticas. Entre las interrogantes planteadas se incluyen las siguientes:
¿Por qué ganan 700 mil pesos?
¿Por qué nunca se castiga a jueces, magistrados y ministros por corrupción?
¿Por qué se contrató para el manejo de la oficina de la presidencia de la Corte a un hombre de absoluta confianza de García Luna?
¿Por qué dejan en libertad a delincuentes con argucias legaloides?
¿Qué han hecho, qué han legislado, mejor dicho, qué han resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México en los últimos 36 años?
¿Por qué no permitieron que se consultara al pueblo cuando se privatizó el petróleo?
¿Por qué no concedieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores?
¿Por qué no aceptaron castigar a los responsables del incendio de la Guardería ABC?
¿Por qué aceptaron, promovieron y apoyaron el desafuero del actual Presidente cuando era Jefe de Gobierno?
¿Por qué en vez de castigar a los delincuentes de cuello blanco, los dejan en libertad y les devuelven los bienes robados, como fue el caso de Raúl Salinas y otros?
¿Qué les parece que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros?
¿Cuánto destinaban a pagar chayotes?
Los críticos argumentan que este tipo de cuestionamientos públicos pueden socavar la confianza en la imparcialidad del sistema judicial, mientras que los partidarios consideran que es un llamado a la rendición de cuentas y la transparencia en una institución clave para el país.
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