La situación en Guatemala ha alcanzado niveles alarmantes de tensión después de que la controvertida Fiscalía del país incautó las actas de las elecciones pasadas en medio de enfrentamientos con magistrados. Este operativo, que se llevó a cabo durante el día de ayer, ha sido fuertemente repudiado por la comunidad internacional, lo que ha generado preocupación sobre el futuro democrático de la nación centroamericana.

Guatemala.- Las actas electorales fueron confiscadas en una operación que implicó forcejeos y discusiones entre magistrados y las autoridades encargadas de llevar a cabo el allanamiento. La magistrada Blanca Alfaro expresó su preocupación ante los periodistas afirmando: "Nosotros no somos garantes ya de ningún acta. Se llevaron todas las cajas con todos los resultados". Las imágenes de magistrados siendo agredidos y de las cajas con las actas siendo confiscadas se transmitieron en tiempo real a través de la página de Facebook del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aumentando aún más la tensión en el país.

La controversia radica en que las actas incautadas corresponden a las elecciones celebradas en junio, en las cuales el candidato socialdemócrata Bernardo Arévalo sorprendió al avanzar al balotaje presidencial que finalmente ganó en agosto. Arévalo ha calificado las acciones de la Fiscalía como un "golpe de Estado en curso" con el objetivo de evitar que asuma la presidencia el próximo 14 de enero. En un comunicado en la red social X, antes conocida como Twitter, el político declaró: "El Ministerio Público está violando de manera continua y sistemática el sistema legal guatemalteco. Las imágenes que vimos hoy, magistrados agredidos y el secuestro de la voluntad popular son un ejemplo de la violencia que están ejerciendo los golpistas sobre el pueblo".

Las denuncias de un posible quiebre constitucional en Guatemala han sido respaldadas por líderes internacionales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió en la misma red social: "Se alista un golpe de estado en Guatemala. Todos los gobiernos democráticos de las Américas y del mundo deben estar listos a responder". Estas declaraciones resaltan la gravedad de la situación y la preocupación por la estabilidad democrática en la región.

Los magistrados afectados habían solicitado a la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial de Guatemala, que otorgara un amparo para evitar la confiscación de las actas originales, argumentando que esto constituía una "violación al sistema democrático". Además, calificaron el allanamiento, el cuarto que se realiza en las sedes del TSE, como un "acto intimidatorio" destinado a socavar la confianza en los resultados electorales.

La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación ante estos acontecimientos. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, advirtió que su gobierno exigirá "rendición de cuentas a quienes participen en acciones para socavar la transición democrática al presidente electo" y rechazó el operativo de la fiscalía.

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó el "inaceptable allanamiento" al TSE y subrayó que el "asedio a la democracia no puede continuar". La misión de observación de la Organización de Estados Americanos también denunció las acciones contra el tribunal electoral, calificándolas como "un ejemplo vergonzoso para el hemisferio".

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