El Gobierno federal arremetió nuevamente contra lo que considera fallos judiciales que favorecen a figuras controvertidas como Juan Collado, Emilio Lozoya, Uriel Carmona e incluso Vicente Carrillo Fuentes.

Ciudad de México.- El Subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, señaló públicamente a jueces cuyas decisiones han sido objeto de críticas y cuestionamientos.

Uno de los casos más destacados mencionados por el Subsecretario es el del juez Julio Veredín Sena Velázquez, quien otorgó una suspensión provisional el 7 de septiembre para evitar la extradición de Vicente Carrillo Fuentes, alias "El Viceroy", ex líder del Cártel de Juárez, requerido por una corte federal en Texas por 46 cargos, incluyendo lavado de dinero y actividad criminal.

Otro incidente notable involucra al juez Aníbal Castro Borbón, quien dictó una sentencia absolutoria a favor de Isidro "N", un individuo vinculado a la violencia en el estado de Sonora. Isidro se introdujo ilegalmente en una propiedad privada y atacó a las fuerzas armadas con armas de fuego.

El Subsecretario también acusó a Anastasio Romo Vargas, juez segundo de distrito de Tlaxcala, y a los magistrados del tribunal de apelación del 28º circuito, por otorgar el beneficio de llevar a cabo su proceso en libertad a cuatro implicados en el secuestro de un adulto y un menor de edad.

Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el centro de justicia penal federal del Reclusorio Norte, fue señalado por cesar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Juan Collado en su proceso por defraudación fiscal.

Además, Gerardo Jenaro Alarcón López, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del centro de justicia penal federal del Reclusorio Norte, ordenó la suspensión del procedimiento contra Emilio Lozoya por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al incluirlo en el acuerdo de reparación del daño causado a Pemex por parte de Alonso Ancira.

En otro caso, el General Rodríguez destacó la detención y vinculación a proceso de Uriel Carmona, Fiscal General de Morelos, por su presunta obstrucción de la justicia durante la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda. Sin embargo, se señaló a los magistrados que ordenaron su liberación, argumentando que no se respetó su fuero.

Estos señalamientos mantienen las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene una actitud crítica hacia el Poder Judicial,

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