El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha puesto en su punto de mira a tres figuras clave en la política mexicana: Carlos Salinas de Gortari, José Córdoba (ex funcionario salinista) y el Centro Nacional de Inteligencia (Cisen), en un intento aparente de influir en las elecciones presidenciales del próximo año.

Ciudad de México.- Lo anterior ha sido detallado por el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna política, “La Sorpresa de Octubre”.

Según Riva Palacio, el presidente López Obrador busca acusar al expresidente Carlos Salinas de Gortari de tortura en el caso de Mario Aburto, el asesino confeso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Además, se alega que se pretende señalar a Salinas de violaciones al debido proceso en este caso, el cual fue reabierto en febrero de este año. Sin embargo, el periodista enfatiza que esta reapertura no busca la verdad, sino que se utiliza como herramienta política para debilitar a la oposición, siguiendo la lógica de López Obrador de responsabilizar al "viejo régimen" por las injusticias del pasado.

Inicialmente, la estrategia del presidente era utilizar a Genaro García Luna como herramienta para interferir en las elecciones de 2024, aprovechando su supuesta relación con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, este plan se vio frustrado debido a la presentación de nuevas pruebas por la defensa de García Luna, lo que retrasó su sentencia hasta marzo de 2024. Ante este contratiempo, el gobierno encontró nuevos blancos en la figura de Salinas, José Córdoba y el Cisen.

La clave para acusar a Salinas, Córdoba y el Cisen se encuentra en el delito de tortura, que no prescribe debido a su gravedad como violación de los derechos humanos, según explica el periodista. El proceso de reconstrucción del caso Colosio comenzó en febrero de 2021 cuando Rubén Aburto, hermano de Mario Aburto, presentó una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Aunque en un principio el caso no era prioridad para López Obrador, el presidente dio luz verde en diciembre de 2021 para su preparación, asignando un equipo de medio centenar de personas para trabajar en ello.

La estrategia para involucrar a Carlos Salinas en el caso Colosio se basa en la supuesta instrucción de Salinas al gobernador de Sonora (en ese entonces Manlio Fabio Beltrones) para obtener información sobre el asesinato de Colosio a través de Manuel Bartlett. Además, se busca vincularlo a la tortura y a la violación del debido proceso relacionada con el interrogatorio de Aburto fuera de la delegación de la PGR.

En cuanto a José Córdoba, se le consideraría presunto accesorio del crimen debido a su relación con el candidato sustituto de Colosio, Ernesto Zedillo, quien era su amigo.

Por último, el gobierno de López Obrador también tiene en la mira al Cisen debido a la presencia de uno de sus agentes, Jorge Antonio Sánchez Ortega, cerca del lugar donde ocurrió el asesinato de Colosio en 1994. Aunque el agente estaba reportando el mitin, se alega que su ropa estaba manchada de sangre porque ayudó a trasladar el cuerpo de Colosio al hospital.

A pesar de la falta de sustento de estas acusaciones, Riva Palacio sugiere que los jueces podrían dar lugar a las imputaciones, lo que permitiría a López Obrador aprovechar el ruido mediático generado para sus fines político-electorales. El caso Colosio se perfila como una estrategia polémica que apuesta a tener un impacto electoral en el panorama político de México de cara a las elecciones de 2024.

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