A un año del fin de uno de los sexenios más opacos en materia de gasto público, uno de los movimientos más notables es la reciente decisión para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) tome las riendas de la política de compras públicas, reorganice los Órganos Internos de Control (OIC) y las Unidades de Administración y Finanzas (UAF).
En teoría, esto suena como una medida para mejorar la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, en los detalles se encuentran datos preocupantes.
La SFP ha anunciado la implementación de compras consolidadas y contratos marco para la adquisición de bienes, arrendamientos, servicios y obra pública. La SFP no realizará las compras en sí, sino que establecerá el marco para que las instituciones gubernamentales contraten estos bienes y servicios.
Pero la SFP también tendrá la autoridad para nombrar y remover a los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas (UAF), es decir a quienes administran los recursos.
¿Qué significa esto? Quienes administran los recursos públicos estarán sujetos a las instrucciones y regulaciones de quienes los auditan. Así la SFP puede influir en las compras que las UAF contratan y a través de los OIC las audita.
Esto plantea serias interrogantes más allá de la independencia y la imparcialidad en la gestión de los recursos públicos. Crea un círculo vicioso en el que los encargados de vigilar el buen desempeño del gasto, influyen en la contratación y en la administración de los recursos públicos que posteriormente auditan.
Es un claro sesgo para incurrir en conflicto de interés y desequilibrio administrativo por la preponderancia que le han autorizado a la SFP.
Al cierre de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la credibilidad de los órganos de control y ejercicio del gasto en el gobierno plantean más interrogantes todavía. Sobre todo si consideramos la especulación sobre las nuevas designaciones de titulares de las UAF, propuestas por figuras cercanas al presidente AMLO, como Alejandro Esquer y Jesús Ramírez en tiempos electorales.
Con las recientes reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública la pregunta es: ¿La administración pública de López Obrador en el último año, a través del gasto de las dependencias y entidades, va a financiar las campañas de Morena?
Horacio De la Cruz S. | Twitter: @hcsblog | HCSblog
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