La integridad y la ética son pilares fundamentales en cualquier sistema judicial que aspire a ser justo y confiable.

El escándalo de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, acusada de plagio, ha sacudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha puesto en duda la honorabilidad de uno de sus miembros más prominentes.

Esquivel Mossa se encuentra en el centro de la controversia a partir del descubrimiento del plagió de la tesis con la cual obtuvo su título profesional de abogada. Pero lo que agrava aún más esta situación es la influencia que ahora ejerce desde su posición en el poder judicial para impedir que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emita un dictamen y haga público el caso.

El plagio es una falta grave que atenta contra los principios fundamentales de la honestidad académica y la propiedad intelectual. Cuando un estudiante presenta una tesis, se espera que sea el resultado de su propio esfuerzo, investigación y creatividad. Sin embargo, en el caso de Esquivel Mossa, no se ha podido concluir si cumplió con estos estándares éticos mínimos, aprovechándose de las ideas de otros para obtener un título profesional.

Lo más preocupante es que, en lugar de asumir la responsabilidad por sus acciones, la ministra Esquivel Mossa está utilizando su posición en el poder judicial para evitar que se emita un dictamen sobre el caso.

Es inaceptable que una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una de las instituciones más importantes de nuestro sistema jurídico, haga todo tipo de triquiñuelas judiciales para encubrir un acto de plagio y evite que se haga justicia.

La UNAM, a través de su Comité Universitario de Ética (CUÉTICA), ha llevado a cabo un minucioso estudio del caso y está listo para emitir un dictamen. Sin embargo, la Universidad se ve impedida de hacerlo público debido a mandatos judiciales que, irónicamente, parecen proteger a la ministra y obstaculizar la transparencia.

Es crucial que la UNAM pueda emitir su dictamen y hacerlo público, sin interferencias ni obstáculos legales. La sociedad tiene el derecho de conocer la verdad y de exigir responsabilidades a quienes violan principios fundamentales como la honestidad académica.

Horacio De la Cruz S. | Twitter: @hcsblog Asuntos de Estado