La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han instado al Gobierno de México a avanzar en las investigaciones relacionadas con el espionaje realizado a través del software Pegasus, dirigido a periodistas y defensores de derechos humanos.

CDMX.- En un comunicado, la CIDH y la RELE expresaron su llamado al Estado mexicano para llevar a cabo investigaciones completas, exhaustivas e imparciales sobre la adquisición y el uso de Pegasus, así como para sancionar a los responsables. También enfatizaron la importancia de garantizar el cumplimiento adecuado de las garantías de debido proceso y de proporcionar cooperación para que las autoridades competentes tengan acceso a la información necesaria para esclarecer los hechos.

De acuerdo con los estándares del sistema interamericano, se espera que las investigaciones de los delitos cometidos contra periodistas y defensores de derechos humanos consideren sus funciones y labores como hipótesis principal en la formulación de las líneas de investigación.

La CIDH y la RELE hicieron hincapié en la necesidad de respetar, proteger y garantizar el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de la ciudadanía, así como el ejercicio del periodismo, la defensa de los derechos humanos y la participación pública.

En respuesta a estas afirmaciones, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador transmitió a la CIDH una serie de declaraciones el pasado 30 de mayo, indicando que no se realiza espionaje contra ninguna persona, ciudadano, periodista o servidor público. Aseguraron que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida privada y tomar acciones positivas para proteger dicho derecho contra las interferencias de autoridades públicas y entidades privadas.

Según una investigación realizada por Citizen Lab, una plataforma de participación ciudadana de la Universidad de Toronto en abril de 2023, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) habría utilizado Pegasus para realizar espionaje ilegal a dos miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) entre junio y septiembre de 2022. Se sugiere que este espionaje podría estar relacionado con su labor en la defensa de graves violaciones a los derechos humanos.

En los últimos años, se han visto afectados periodistas, defensores de derechos humanos, un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

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