La CJEF ha argumentado que se debe analizar primero la constitucionalidad del decreto que expidió la LGSC en mayo de 2018, y luego se debe analizar la validez de la reforma a dicha norma aprobada en diciembre de 2022, con el fin de evitar sentencias contradictorias que violen los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México.
Esta solicitud ha sido criticada por algunos sectores políticos, quienes argumentan que se trata de una maniobra del gobierno federal para dilatar la aprobación del Plan B de la reforma electoral, que ha sido fuertemente cuestionado por la oposición y la sociedad civil.
Sin embargo, la petición de la CJEF no debería ser vista como una maniobra política, sino como un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que actúe con responsabilidad y tome en cuenta la importancia de la seguridad jurídica en la toma de sus decisiones.
Es cierto que la LGCS ha sido fuertemente cuestionada desde su aprobación en mayo de 2018, y que su análisis es crucial para garantizar la legalidad de la reforma electoral. Pero también es cierto que la falta de resolución de la SCJN en este asunto es preocupante, y que su dilación pone en riesgo la certeza jurídica que se requiere en una democracia.
En este sentido, es importante que la SCJN actúe con prontitud y tome en cuenta tanto la importancia de la LGCS como la urgencia de la aprobación del Plan B de la reforma electoral, que busca garantizar la equidad y la transparencia en los procesos electorales.
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