No quiero utilizar expresiones adjetivas porque siempre consideré al diputado de Morena, Ignacio Mier Velazco, un priista inteligente.

Sin embargo, me llama mucho la atención que él, un diputado con formación en Derecho pero sin título de abogado, sea quien vaya a conducir uno de los debates constitucionales más sensibles de México, tal vez, del último siglo.

Pero bueno, estamos en tiempos de la 4T, donde hay una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, se presume, plagió su tésis de abogada, y un largo etcétera de malos ejemplos en el servicio público que debiera ser profesional.

Pero más allá de las capacidades académicas certificadas, que son absolutamente importantes, como todos sabemos en los últimos días el presidente López Obrador sugirió una propuesta que plantea la elección de los jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través del voto popular, en lugar de seguir el proceso establecido en el artículo 96 de la Constitución.

A primera vista, puede parecer una idea atractiva en nombre de la democracia y la participación ciudadana, pero es importante reflexionar sobre las implicaciones y los riesgos que conlleva esta propuesta a raíz de la experiencia mexicana donde frecuentemente “los elegidos”, resultan ser un verdadero dolor de cabeza una vez sentados en las posiciones públicas.

La elección de jueces y magistrados mediante el voto popular, en una frágil democracia, con tantas prácticas ilegales, una autoridad laxa y presiones de grupos políticos y de poder fáctico, como el crímen organizado, pueden socavar la independencia y la imparcialidad del poder judicial, pilares fundamentales de un sistema de justicia democrático.

De hecho, basados en lo que ya ocurre y ocurrirá en la elección del Estado de México a celebrarse el 4 de junio próximo, es posible evaluar los peligros y la destrucción que podría enfrentar el Poder Judicial mexicano por cortesía del presidente Andrés Manuel López Obrador, de prosperar la iniciativa que el diputado Nacho MIer hace suya tan efusivamente.

Los jueces y sobre todo los magistrados, deben ser seleccionados con base en su conocimiento jurídico, su experiencia y su capacidad para aplicar la ley de manera imparcial. La elección popular podría llevar a una politización de la justicia, donde los candidatos sean elegidos no por sus méritos jurídicos, sino por su popularidad, su afiliación política o incluso por promesas de corte populistas y pro criminales.

No olvidemos que con todo lo criticable o perfectible que puede ser, el poder judicial es el encargado de garantizar la protección de los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos, y su independencia es crucial para mantener el equilibrio de poderes y evitar la concentración de poder en manos de una sola persona o grupo.

Reitero: si los jueces y magistrados son elegidos directamente por el voto popular, existe el riesgo de que se sometan al poder presidencial, a las presiones de los partidos políticos, a intereses particulares y criminales, o a las mayorías populares, en lugar de tomar decisiones basadas en la Constitución y la ley.

Además, la elección de jueces y magistrados a través del voto popular podría conducir a una falta de especialización y conocimiento técnico en el ámbito judicial.

Los jueces y magistrados deben ser expertos en derecho, comprender las complejidades jurídicas y tener la capacidad de interpretar y aplicar las leyes de manera justa y equitativa. La elección popular podría llevar a que personas sin la preparación y el conocimiento adecuados ocupen puestos judiciales, lo que debilitaría la calidad y la eficacia de la administración de justicia.

Finalmente, la independencia judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia y garantiza que todos los ciudadanos sean tratados de manera justa e imparcial ante la ley. La elección de jueces y magistrados por medio del voto popular puede erosionar este principio esencial y poner en riesgo la imparcialidad de las decisiones judiciales.

Los jueces no deben estar sujetos a las fluctuaciones de la opinión presidencial o pública, o a las presiones políticas, sino que deben basar sus decisiones en el derecho, en la Constitución, y en la búsqueda de la justicia.

En lugar de andar buscando agradar al presidente, los esfuerzos de los legisladores deberían fortalecer los mecanismos de selección existentes, asegurando que los candidatos sean evaluados de manera rigurosa y transparente, basándose en sus méritos y su trayectoria profesional.

Con todo respeto, al diputado Ignacio Mier Velazco, soy un simple ciudadano que no está de acuerdo con él.

El presidente López obrador no aprendió nada de lo que ocurre en la ciudadanía después de sus ataques al INE. Pero infiero que el Poder Judicial Constitucional, va a sobrevivir y tal vez salga más fortalecido.

En unos días más escribiré algunos escenarios que el diputado Mier Vlezco podría enfrentar de llegar a gobernar Puebla, después de que se ha montado en esta peligrosa aventura, políticamente hablando.

Horacio De la Cruz S. | Twitter: @hcsblog | HCSblog