En línea con el discurso presidencial, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y uno de los dos aspirantes más relevantes al gobierno del estado de Puebla, ha propuesto un movimiento para que una consulta popular decidan si las y los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser electos por voto directo en las urnas.

Esto después de que la SCJN invalidara un primer segmento del famoso Plan B del presidente López Obrador, que propone modificar y debilitar el funcionamiento del INE a través de la reducción de salarios a consejeros y funcionarios electorales, pero que serviría para que los partidos políticos y sus candidatos realizaran actos de campaña anticipada, al tiempo que se disminuyen y desaparecen las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se le quitan facultades al órgano jurisdiccional para sancionar violaciones que pudieran cometer de los partidos políticos, entre otras medidas.

Y esto es lo que tiene enojado al presidente, quien hábilmente en poco tiempo ha construido un discurso que señala a la SCJN integrada por “ministros corruptos y conservadores” quienes se oponen a su transformación de país y son el obstáculo por el que no podrá concretar la transformación.

Luego entonces, pide nuevamente que el pueblo le apoye con voto parejo, todo Morena, en 2024, para poder concretar “la cuarta transformación de la vida pública” que México necesita.

Además, “es de que” los ministros son “una casta de privilegiados” y ganan mucho.

Por eso, “que el pueblo decida”, para “acabar con los privilegios”.

Sin duda es un buen combustible para continuar en campaña. Pero aún es temprano para revisar si esto le aportará simpatías al diputado Nacho Mier, o todo lo contrario.

Pensemos por un momento que, como en el caso de los gobernadores, senadores, diputados o presidentes municipales, los ministros son electos por el “pueblo” y quedan sujetos a intereses de grupos o filias políticas, como sucede en varios casos,

La SCJN, es el máximo tribunal constitucional de México y juega un papel fundamental en la protección de los derechos humanos y la defensa de la Constitución.

¿Se imagina a los ministros, digamos, en manos del crímen organizado?

Es evidente que someter a los ministros al juego electoral, pone en peligro su independencia y su capacidad para actuar de manera imparcial y sin presiones políticas.

En realidad, los ministros son seleccionados por el presidente de la República y ratificados por el Senado, después de un proceso de evaluación que incluye la revisión de su formación académica, trayectoria profesional y conocimiento de la Constitución y el sistema judicial mexicano.

Ministros electos por el “pueblo”, francamente es una muy mala idea.

En lugar de proponer cambios que podrían poner en peligro la independencia judicial y la capacidad de la SCJN para proteger los derechos de los ciudadanos, sería más constructivo un “movimiento” para fortalecer los procesos de selección y evaluación de los ministros y en la mejora del sistema judicial en general.

La justicia, no olvidemos, debe ser imparcial y libre de influencias políticas, y el respeto por la separación de poderes es fundamental para la protección de la Constitución, los derechos humanos y la democracia en México.

Horacio De la Cruz S. | Twitter: @hcsblog | HCSblog