De acuerdo con el reportaje presentado por Latinus, la empresa que recibió un contrato de 10 millones de pesos por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para hacer la gerencia de los proyectos dentro del parque, es administrada por Carlos Buentello Carbonell y su apoderado es Eduardo Rafael Castro Ávila, medio hermano de Alejandro Castro Jiménez Labora, amigo de López Beltrán. Se muestran fotografías en las que López Beltrán aparece con Jiménez Labora en fiestas y eventos.
El reportaje también reveló que Organismo Promotor Logístico, la empresa administrada por Buentello Carbonell y Ávila, recibió un contrato de 56 millones de pesos para encargarse del proyecto ejecutivo del Archivo General Agrario que se levanta en la avenida Juárez, en el Centro de la Ciudad de México, mientras que VEA Arquitectos ha participado en la cimentación del edificio. Además, se menciona que Alejandro Castro Jiménez Labora y su primo, Santiago Jiménez Labora, han utilizado otras empresas para colocar mobiliario en los edificios de la Sedatu.
El reportaje también destaca la relación del despacho NA Colectivo Sodio con proyectos para chocolates Rocío, propiedad de los hijos de López Obrador, así como para otras marcas relacionadas con los amigos de López Beltrán. En su página de internet, el despacho presume de los señalamientos que ha realizado para el nuevo malecón del Río Grijalva en Villahermosa, donde Alejandro Castro Jiménez Labora fue nombrado proyectista de la obra que realiza la Sedatu. Tras una visita del presidente López Obrador en junio de 2021, se le otorgó un contrato a una empresa controlada por los amigos del presidente, AZ Gerencia de Proyectos, para supervisar las obras de la etapa cuatro del malecón, con un costo de 17.5 millones de pesos.
El reportaje presenta una serie de evidencias que ponen en tela de juicio la imparcialidad del gobierno de la 4T y la gestión de los contratos públicos. La cercanía entre los amigos de López Beltrán y los contratos que se han otorgado a sus empresas, sin duda, levanta sospechas sobre un posible nepotismo en el gobierno actual y pone en duda la transparencia y la ética en la asignación de contratos.
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