El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continúa estirando la cuerda entre los poderes Ejecutivo y Judicial del país al instruir a su gabinete a no contestar las llamadas de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esta medida se debe a que el mandatario acusa a algunos ministros de intentar "negociar" con su gobierno sobre el plazo para que se aplique el fallo de la Corte que ordenó la desmilitarización de la Guardia Nacional.

La decisión se produjo después de que la SCJN declarara inconstitucional la militarización del cuerpo policiaco y ordenara su devolución de la Secretaría de la Defensa Nacional a la de Seguridad Federal, es decir, del ámbito militar al civil. La mayoría de los ministros votó a favor del fallo, lo que llevó a López Obrador a acusarlos de ser una "élite corrupta" que no respeta la seguridad de la gente.

La tensión entre el presidente y el poder Judicial se intensificó después de que la ministra presidenta Norma Piña se reuniera con la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, para discutir los efectos del fallo y la preocupación del poder Judicial por el bloqueo convocado por los seguidores del presidente y de Morena, autodenominados "Escudo AMLO-El Pueblo Manda", quienes llaman a sitiar y rodear el Palacio de Justicia Federal en el centro histórico de la CDMX a partir del lunes 24 de abril y hasta el viernes 29 .

La convocatoria en redes sociales lleva impresa la imagen y el nombre de la ministra Piña junto con consignas como "El Rostro de la corrupción", "¡Fuera corruptos y vividores!" y "Quien no ama a su Patria no ama a su madre".

Durante la reunión, Piña expresó su preocupación por el bloqueo y la posibilidad de que se tomen las instalaciones del edificio, mientras que Rodríguez ofreció cuidar que las manifestaciones no se desborden ni afecten las instalaciones judiciales.

De acuerdo con el presidente, la situación se volvió tensa cuando la ministra Piña le dijo a la secretaria de Seguridad que el fallo de la Corte para desmilitarizar la Guardia la beneficiaría porque tendría bajo su mando a toda la corporación. Rodríguez respondió que eso no dependía de ella, sino del presidente, quien es quien tiene el mando. Después de enterarse de la reunión, López Obrador dio la orden de no contestar las llamadas de la Corte.

Esta medida ha generado preocupación por la ruptura en la relación entre el poder Ejecutivo y el Judicial, lo que podría afectar la independencia judicial y la separación de poderes.

La República Mexicana vive una crisis política. ¿República democrática o “gobierno del pueblo”? Es el dilema.

Si el plantón avanza y la hostilidad crece, la crisis puede agudizarse.

Es necesario distender la confrontación y no usar medidas autoritarias y agresivas contra el poder Judicial. Se debe respetar la independencia judicial y la separación de poderes. Al final, es responsabilidad del presidente garantizar la seguridad de la SCJN y respetar las decisiones del poder Judicial.

Horacio De la Cruz Sabás | Twitter: @hcsblog “Asuntos de Estado”