Trascendió que los elementos fueron arrestados después de haber sido señalados e investigados como los responsables del secuestro de un locatario y el robo de dos vehículos en la zona de Cuautlancingo.
El incidente se registró el pasado 28 de febrero en la calle San Joaquín. De acuerdo con testigos (y un video de cámaras de seguridad que circula en redes sociales) los uniformados a bordo de una patrulla con el número PE-1475 llegaron al lugar y comenzaron a golpear al propietario del establecimiento, lo arrastraron con sobrada violencia hasta la patrulla, antes de llevarlo secuestrado junto con un vehículo Volkswagen Jetta de color blanco.
Posteriormente la esposa del hombre secuestrado recibió llamadas de los policías exigiendo la cantidad de un millón de pesos para liberar a su pareja. Sin embargo, al no poder juntar esa cantidad de dinero, la mujer se vio obligada a entregar su camioneta Jeep Cherokee de color blanco como forma de rescate.
La familia del secuestrado denunció públicamente el incidente y se inició una investigación sobre el caso que condujo a la detención de los cuatro policías estatales presuntamente implicados en los delitos.
A pesar de que las detenciones aún no han sido confirmadas por las autoridades correspondientes, fuentes extraoficiales han filtrado que los elementos han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales.
Si bien la Fiscalía General del Estado de Puebla ha informado que se investigan los hechos, oficialmente no ha emitido ningún pronunciamiento sobre estas detenciones.
El caso genera gran indignación más allá de Cuautlancingo y ha puesto en tela de juicio la confianza de la ciudadanía en la policía estatal.
Las autoridades han hecho un llamado a la población a denunciar cualquier acto de corrupción o abuso de autoridad por parte de los elementos de seguridad, y han asegurado que se tomarán medidas contundentes contra aquellos que incumplan con su deber de proteger y servir a la ciudadanía.
Sin embargo este caso de secuestro y extorsión aún no ha sido esclarecido y podría representar un parteaguas respecto a la confianza en las instituciones responsables de la seguridad en Puebla.
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