El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descalificó ayer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por declarar inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.

López Obrador acusó a ocho ministros de la SCJN de actuar de manera facciosa y no jurídica, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto. Además, el presidente se refirió a los ministros como actores políticos que no escuchan el sentimiento del pueblo.

Considerando estos argumentos presidenciales expresados en la mañanera del 19 de abril, Sergio Sarmiento refiere que el criterio de los ministros está basado en la Constitución mexicana y a partir de ahí hace algunas reflexiones documentadas.

El Artículo 21 de la Constitución establece que "las instituciones de seguridad pública, incluyendo a la Guardia Nacional, serán de carácter civil", mientras que el artículo 129 señala que "en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar".

Señala que el presidente López Obrador ha utilizado un lenguaje similar al newspeak descrito por George Orwell en su libro 1984, lo que sugiere una simplificación de los argumentos y la individualización del adversario para apoyar sus acusaciones. La descalificación del fallo de la SCJN con el recurso populista de asociarlo con los villanos favoritos del presidente, Calderón y García Luna, también es una técnica común de propaganda facciosa.

Además, la militarización de la Guardia Nacional no es un tema nuevo en la política mexicana, y López Obrador y su partido político, Morena, se negaron a escuchar los argumentos en contra de la militarización cuando estaban en la oposición. Ahora, desde el poder, el presidente muestra el mismo rechazo al diálogo y a los argumentos sensatos que se utilizan para defender la militarización de la Guardia Nacional.

El Artículo 21 de la Constitución que establece que las instituciones de seguridad pública, incluyendo a la Guardia Nacional, serán de carácter civil, fue redactado en 2019 por un grupo de senadores de todos los partidos y representantes de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Olga Sánchez Cordero, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Alfonso Durazo, y la Consejería Jurídica de la Presidencia, de Julio Scherer Ibarra. El propio presidente López Obrador aprobó el artículo, por lo que no puede sorprenderse ahora por la decisión de la SCJN.

El presidente López Obrador ha ordenado a la actual secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, que mantenga al general David Córdova Campos como comandante de la Guardia Nacional e informe a los 130 mil elementos que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos, al igual que los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Además, el presidente ha anunciado su intención de presentar una nueva iniciativa constitucional en septiembre de 2024, en un Congreso en el que espera tener mayoría calificada, para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Defensa.

Sin embargo, concluye, esta iniciativa no tendrá ningún efecto si el presidente no se toma la molestia de leer lo que se redacta, como no lo hizo con el Artículo 21 de la Constitución que él mismo aprobó.

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