La Guardia Nacional, fue creada en 2019 con la promesa de mantenerla civil.
El pleno de la SCJN apoyó con ocho de 11 votos el proyecto del ministro Luis González Alcántara, quien propuso invalidar la reforma que promulgó el Gobierno en septiembre de 2022 para trasladar la operación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El ministro argumentó que en la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional en 2019 se establece que la administración de este cuerpo debe estar a cargo de la secretaría encargada de la seguridad pública:
La presidenta de la SCJN, Norma Piña, consideró lo siguiente:
Es fundamental optar por un entendimiento estricto y diferenciado de la seguridad nacional y de la seguridad pública o seguridad ciudadana, con base en el cual, las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles.
Revés a la militarización de la seguridad pública
La reforma representa un revés a la estrategia de López Obrador, quien ha implementado reformas para aumentar las facultades de las Fuerzas Armadas, que han desplegado cerca de 90 mil agentes en tareas de seguridad pública antes reservadas a civiles. Su principal apuesta para contener la violencia ha sido la Guardia Nacional, que él prometió mantener civil.
Pero en 2022 envió una reforma legal para trasladar su control al Ejército al reconocer que no tenía los votos necesarios en el Congreso para modificar la Constitución.
Antes de la votación de la Corte, el mandatario negó en su rueda de prensa mañanera que esté "militarizando" al país al argumentar que debía ceder la Guardia Nacional al Ejército para evitar que se corrompa.
Como era previsible, los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, cercanos a López Obrador, votaron en contra de invalidar la reforma al replicar los argumentos del mandatario. En particular, señalaron que, aunque la Guardia Nacional pase a manos del Ejército no se militariza porque el presidente es civil y él es el comandante de las Fuerzas Armadas.
La reforma propuesta por el gobierno de López Obrador ha causado controversia porque organizaciones civiles e internacionales han acusado al Ejército mexicano de violar derechos humanos, como en febrero pasado, cuando militares mataron a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, en la frontera de México con Estados Unidos.
regionglobal@gmail.com | twitter: @regionglobal | facebook: /regionglobal
0 Comentarios