La titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Puebla, Teresa Castro Corro, está en una situación muy comprometida.

Primero, una obligada introducción:

Bajo la gestión de Miguel Barbosa Huerta, la titular de Finanzas invirtió en junio de 2021 un monto de 600 millones de pesos en Accendo Banco, una institución financiera que fue intervenida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sólo tres meses después de la inversión que realizó el gobierno del estado de Puebla.

La funcionaria aseguró nerviosamente en conferencia de prensa este 11 de abril, que el banco estaba regulado y contaba con el respaldo de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), lo que llevó a la administración estatal a autorizar la millonaria inversión.

Castro Corro argumentó que "es obligación de cualquier gobierno invertir sus recursos", y en ese momento Accendo Banco ofrecía al gobierno del estado “tasas (de interés) competitivas”. Sin embargo, tres meses después de la inversión de marras, en septiembre de 2021, Accendo Banco se declaró en quiebra.

Además, Castro Corro declaró que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) indemnizará al gobierno del estado por el monto perdido y afirmó que los millones invertidos nunca comprometieron las finanzas del ejercicio fiscal 2021 y los subsecuentes porque se trataba de un fondo aparte que “se tenía”.

Sostiene la funcionaria estatal que la palabra “quebranto” aún no se puede usar para Accendo Banco y que regularmente informa a la Secretaría de la Función Pública estatal sobre los avances que el gobierno del estado mantiene para recuperar la inversión. Y agrega: otras entidades federativas y municipios también se vieron afectados por el cierre del banco. ¿Cuáles? ¿Municipios de Puebla? Sería gravísimo, y más si los recursos de esos gobiernos se hicieron bajo el patrocinio de su mando en la Secretaría de Planeación y Finanzas de Puebla.

El gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, menos optimista y prudente, ha mencionado que espera que el monto sea recuperado a la brevedad, pero reconoció que esto sí afecta a las finanzas del estado.

Hasta aquí, varios temas han sido evadidos por la funcionaria estatal.

Técnicamente no informa sobre las características de la inversión que están especificadas en el contrato como el tipo de interés, características de la inversión y otros que permitan evaluar volatilidad, rentabilidad o retorno, y que ella obligadamente tenía que conocer.

Pero hay más datos qué contrastan con sus declaraciones.

El primero de ellos es que para cuando se realizó la inversión, Accendo Banco ya era una entidad financiera observada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que desde marzo de 2021 le dictaminó incumplimientos regulatorios sobre liquidez y capital.

De hecho, la SHCP informó que dentro de las razones que llevaron a iniciar su proceso de liquidación fue que la CNBV requirió los registros contables de Accendo Banco por “ciertas operaciones, incluidas aquellas con personas relacionadas relevantes” contrarias a la normatividad, los cuales reflejaron observaciones en sus niveles de capitalización.

Más todavía: la autoridad regulatoria informó que “como resultado de las observaciones realizadas por las autoridades financieras, el Índice de Capitalización (ICAP) de Accendo Banco se ubicó por debajo de los niveles mínimos normativos, lo que constituye una causal de revocación para operar como institución de banca múltiple, conforme a lo dispuesto por el artículo 28, fracción V, de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC)”.

¿Tres meses después de la inversión del gobierno de Puebla? ¿Casualidad? De ninguna manera. La inversión del gobierno del estado de Puebla en Accendo Banco, fue inmediatamente detectada y observada por la SHCP y la CNBV.

¿Y sabe usted a dónde fueron a parar los 600 millones que el gobierno de Puebla (persona relacionada relevante) “invirtió” en Accendo Banco? Respuesta: Al capital contable del banco. Ahí fue cuando la CNBV observó a Accendo Banco, porque la inversión se registró de manera diferente (como activo, no como pasivo) y los directivos bancarios intentaron manipular los estados financieros del banco que tenía poco más de 1,500 clientes, casi todos con montos corrientes menores a mil pesos en promedio.

Accendo Banco, técnicamente nunca fue rentable. Javier Reyes de la Campa y sus hermanos Luis Ricardo y Oscar Alonso (dueños de la institución), con fama de factureros, hace tiempo que estaban en problemas financieros. Era conocido que buscaban “socios” que les permitiera ganar tiempo y evitar las denuncias de fraude que sobre ellos pesaban por la mayoría de sus socios reales, entre ellos Moisés Cosío, Javier Fernández y Miguel Ángel Gómez.

Una vez descubierta por la autoridad “la inversión” del gobierno de Puebla y el registro contable indebido que Accendo Banco hizo, lo demás sucedió como una caída de fichas de dominó: “Como resultado de las revisiones periódicas que, con base en sus facultades, realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dicha Comisión por acuerdo de su Junta de Gobierno, notificó hoy, martes 28 de septiembre de 2021, a Accendo Banco, S.A., (Accendo Banco), la revocación de su autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple”, nformaron las autoridades competentes.

Un año después, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueará las cuentas bancarias de Francisco Javier Reyes de la Campa, exdirector del Banco Accendo, ante la sospecha de lavado de dinero y por su alta morosidad, fue detenido en la Ciudad de México.

La UIF también congeló las cuentas bancarias de sus hermanos, al detectar varias irregularidades y la inversión de los 600 millones de pesos del gobierno del estado de Puebla, se esfumó.

La recuperación de los fondos

La Actuaria Teresa Castro Corro, debería informar correctamente cuando menos al gobernador.

¿Cuánto va a recuperar el gobierno de Puebla?

Primero le cuento que la autoridad financiera ya liquidó al 92% de los clientes de Accendo Banco. ¿Sabe a cuánto asciende el pago total de los 1,500 clientes que tenía? Un millón 193 mil pesos. Es decir, en promedio, cada cliente no tenía ahorrados ahí ni $800 pesos.

¿Qué clase de banco era ese como para confiarle más de 600 millones de pesos? Aún no hay una conclusión oficial sobre el caso, sin embargo, los hermanos Reyes de la Campa son investigados y se les acusa de lavado de dinero.

La titular de Finanzas no quiere usar la palabra “quebranto” porque espera el anuncio oficial de una recuperación importante que reduzca el daño a las finanzas del gobierno del estado y, por tanto, su responsabilidad.

Pero no hay lugar para el optimismo, el pago a las personas titulares de cuentas garantizadas por el IPAB se realiza hasta por 400,000 UDIS que, para este caso en particular, corresponden a 2,768,169.20 pesos.

¿Se imagina, una inversión de 600 millones de pesos y una recuperación de 2 millones 768 mil pesos después de, no se sabe aún, cuántos años?

Y no hay nada seguro. Cuando se hayan extinguido los activos totales de Accendo Banco y se hayan prorrateado los pagos pendientes del 8% restante de los clientes del banco, y de acuerdo al contrato de inversión, el gobierno del estado de Puebla conocerá cuánto pudo recuperar de aquellos 600 millones de pesos “invertidos” de tan mala manera.

Ahí iniciará otro periplo, ese que la Auditoría Superior del Estado de Puebla ha mantenido en secreto, pero que tarde que temprano se conocerá y que uno supone, de acuerdo a las facultades del órgano de fiscalización, ya consta en actas.

Suerte, licenciada Teresa Castro Corro.

Investigación: Horacio De la Cruz S. | Twitter: @hcsblog