El periodista Pablo Hiriart en su análisis de hoy, señala que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha confiado en la participación de los militares en la seguridad pública y en la construcción de infraestructuras, dejando al Ejército como un actor relevante en la economía nacional.
Sin embargo, esta situación genera preocupación sobre los límites que se deben respetar en cuanto al uso del poder militar en el país. La Constitución mexicana establece que, en tiempos de paz, las autoridades militares deben ejercer funciones estrictamente relacionadas con la disciplina militar, lo que genera dudas sobre las actividades económicas y empresariales que el Ejército está desarrollando.
Además, la opacidad en la que se manejan estas actividades económicas, así como la falta de transparencia en los gastos y el presupuesto que se destinan a ellas, ha generado desconfianza y preocupación entre la sociedad y los medios de comunicación.
Para demostrar lo anterior, Hiriart retoma algunos ejemplos. El caso del Tren Maya, uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de López Obrador, evidencia falta de transparencia en la que se manejan los recursos destinados a las obras en las que el Ejército participa. El presupuesto destinado a este proyecto aumentó en un 185% respecto a lo que se había aprobado, pero la información sobre el gasto fue clasificada como información reservada por seguridad nacional, lo que dificulta el acceso a la información y la rendición de cuentas.
La opacidad también se ha extendido a la empresa Antsua, proveedora del software de espionaje Pegasus, que ha sido utilizado para espiar a defensores de derechos humanos y periodistas. Aunque López Obrador ha negado que se esté haciendo espionaje, la reserva de los contratos con esta empresa y la falta de transparencia en la utilización de este software generan preocupación sobre el uso que se le está dando a estas herramientas de inteligencia.
Además, el ritmo de vida lujoso del secretario de la Defensa y su familia, con viajes a destinos internacionales y estadías en hoteles de lujo, ha sido cuestionado por la sociedad y los medios de comunicación, ya que se desconoce cómo se están financiando estos gastos.
La conclusión de Pablo Hiriart es que el próximo presidente de México deberá hacer frente a la herencia que López Obrador deja con el Ejército en los negocios, lo cual requiere transparencia y límites claros para garantizar el respeto a la Constitución y a los derechos humanos en el país.
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