Al presentar la “Radiografía del Plan B: La reforma electoral 2023 a examen”, coordinado por los académicos María Marván y Javier Martín Reyes, 27 especialistas electorales señalan que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no revierte el Plan B de la reforma electoral, el proceso electoral del 2024 se desarrollará en medio de la incertidumbre y el caos.

Como ejemplos explicaron que en la integración de casillas, en la capacitación, en la fiscalización de los partidos, en la nueva reorganización de las juntas distritales y oficinas en la sede central, al cambiar los módulos de credencialización o votar desde el extranjero, el Instituto Nacional Electoral (INE) sería inoperante.

La investigadora María Marván ve cinco violaciones a la autonomía del INE: facultades al Poder Ejecutivo para intervenir de manera directa en el padrón, al obligar que los módulos y el resguardo esté en oficinas de Gobierno, así como que la Lista Nominal en el extranjero la palomee la Cancillería, y permita usar pasaporte y matrícula electoral; obligar al INE a trabajar con el CONACYT en el desarrollo del voto electrónico; dar mayor facultad al OIC, que está ligado con Morena; prohibirle que use dinero de subejercicios en otros programas; y obligar a destituir a su secretario ejecutivo.

Por su parte, la ex consejera electoral Jacqueline Peschard consideró que, al reducir su estructura especializada y administrativa, se podría perder la certeza sobre el ganador de una elección a unas horas de la contienda.

“El proceso electoral empieza en septiembre de este año, en escasos seis meses -con la reforma sería en noviembre-, y lo que pone en el centro esta reforma es que lo que estará gravitando alrededor de esta organización electoral es la incertidumbre. “La incertidumbre va a ser la reina en todo este tiempo, en lugar de que tengamos claridad sobre cuáles son las reglas del juego, lo que tendremos es incertidumbre por todos estos litigios que estarán en puerta”.
Peschard aseguró que no se ha dimensionado que la reducción de la estructura en el INE se replica en los órganos electorales locales, por lo que también tendrán una desorganización territorial.

Reforma inconstitucional y arbitraria

El ministro en retiro, Diego Valadés, reconoció que no todo el contenido del Plan B es inconstitucional, por ello, advirtió, no se puede esperar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eche abajo la totalidad de la reforma.

“Nos hemos enfocado en las inconstitucionalidades, que son muchas, pero no en las arbitrariedades que son más. Podríamos ver que muchos abusos en la norma puedan no ser declarados inconstitucionales, son arbitrarios. “En este momento todas las expectativas están centradas en la resolución que tome la Corte, y se considera que va a declarar inconstitucional el paquete completo. Consideren que pueden darse las declaraciones de inconstitucionalidad de ciertas normas, pero no del paquete completo y esto puede tener un costo político y social en imagen para la Corte”.
Recordó que habrá leyes que puedan ser declaradas constitucionales con el voto de sólo 4 de los 11 ministros.

Para exhibir la violación al proceso legislativo, el investigador de la UNAM aseguró, en tono irónico, que mientras a él le llevo dos días analizar la Radiografía del Plan B, a los legisladores que la aprobaron les llevó media hora desde recibir la iniciativa hasta aprobarla.

Aseguró que se atenta contra la autonomía e independencia establecida en la Constitución al establecer cómo debe ser su organización interna, al desaparecer la Junta General Ejecutiva, unidades técnicas, comisiones y direcciones. Es una injerencia que no se permite en ningún órgano autónomo.

Explicó que a quienes aprobaron la reforma les parece menor desaparecer las juntas distritales y desmantelar el Servicio Profesional Electoral, pero es otra violación a la Constitución, pues ésta establece que el INE debe tener personal profesional, lo que se da si son permanentes, y se rompe con crear oficinas temporales.

Por su parte, el politólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Francisco Valdés, aseguró que el Plan B no sólo tiene un impacto técnico, sino político.

Consideró que la radiografía expuesta confirma los peores augurios de la transición hacia una democracia completa. Ahora, criticó, se busca que en el País solo exista un proyecto, el suyo.

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