El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, tras un largo y complejo proceso legal desde que se presentaron las primeras acusaciones en su contra en 2012, ha recibido sentencia en Estados Unidos.

Yarrington, quien gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004 y fue miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue sentenciado a 9 años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero tras aceptar más de 3.5 millones de dólares en sobornos, los cuales utilizó para comprar propiedades en dicho país a través de prestanombres, a fin de ocultar su patrimonio y el origen del dinero.

El proceso legal de Yarrington comenzó en 2012, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) de México emitió una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en delitos de corrupción y lavado de dinero durante su mandato como gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004. Sin embargo, Yarrington logró evadir la justicia y permaneció prófugo durante varios años.

En 2017, las autoridades mexicanas finalmente lograron capturar a Yarrington en Florencia, Italia, gracias a la cooperación internacional entre México, Estados Unidos e Italia. Después de su extradición a México, Yarrington fue procesado por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, entre otros.

A la par de su proceso legal en México, Yarrington también enfrentó cargos en Estados Unidos por su presunta participación en actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

Los cargos de los que estaba acusado Yarrington, son:

Lavado de dinero.

Conspiración RICO.

Conspiración para la importación de cocaína y mariguana.

Conspiración a lavado de instrumentos monetarios.

Proveer declaraciones falsas a instituciones bancarias.

Conspiración para cometer fraude bancario.

Fraude bancario.

Conspiración para no reportar transacciones.

En 2018, Yarrington se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de haber recibido sobornos de los cárteles mexicanos del narcotráfico a cambio de protección durante su mandato como gobernador.

El proceso legal de Yarrington ha sido complejo y ha involucrado la cooperación entre diferentes países y agencias de seguridad. Además, ha sido objeto de polémica debido a las presuntas violaciones a sus derechos humanos.

No obstante su proceso no ha concluido, ha sido sentenciado en los Estado Unidos a purgar una pena de 9 años por el delito de lavado de dinero.

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