El Ministro Javier Laynez ha emitido una importante decisión respecto a la reforma electoral conocida como “Plan B”. Según Laynez, es necesario suspender la reforma en su totalidad para proteger el orden democrático nacional y los derechos humanos de los votantes y trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE).

En un comunicado de prensa emitido por la Suprema Corte de Justicia, Laynez explicó que el decreto produciría una modificación sustancial en la organización, estructura y funcionamiento del INE, lo que podría comprometer su funcionamiento regular.

El sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del INE. El decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, estructura y funcionamiento del propio órgano, al grado que es posible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos que venía operando.

Afirmó Laynez al conceder el viernes pasado la suspensión en la controversia 263/2023.

Laynez también justificó su decisión al señalar que la suspensión era necesaria para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del INE y, por lo tanto, salvaguardar el sistema democrático nacional. La reforma a varias leyes electorales fue publicada el 2 de marzo y ha sido impugnada por el INE.

En consecuencia, para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y con ello salvaguardar el sistema democrático nacional, se impone el otorgamiento de la medida cautelar frente a la totalidad del decreto impugnado.

En la resolución de 18 páginas, Laynez dedicó una gran parte a justificar la procedencia de la suspensión en una controversia contra normas generales, que por regla general está prohibida, pero que en los últimos años la Corte ha concedido cuando dichas normas puedan afectar derechos humanos.

Según Laynez, de no concederse la suspensión, el INE quedaría afectado por el nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, lo que traería la remoción de plazas y servidores públicos, y por lo tanto, la afectación irreversible a la capacidad del Instituto para cumplir sus obligaciones constitucionales.

El Ejecutivo y el Congreso impugnarán la suspensión, pero su trámite llevará entre uno y dos meses. En cuanto a la sentencia en el expediente principal de la controversia, donde se requerirán ocho de once votos para anular la reforma, es probable que el Pleno la resolverá en el primer semestre del año.

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