La miel que derrama la relación entre la dictadura cubana y el gobierno de la 4T es ampliamente conocida. Le ha costado millones a México en aparente asistencia médica, compra de vacunas no certificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y próximamente un monto aún no conocido de materiales pétreos que serán destinados al Tren Maya.
Con Venezuela se detectaron operaciones irregulares de exportación, a través de las empresas mexicanas “Libre Abordo” y “Schlager Business Group”. De acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos estas empresas enviaron más de 30 millones de barriles de petróleo venezolano a México entre octubre de 2019 y marzo de 2020, a cambio de alimentos y otros bienes. En México se abrió una investigación que a la fecha no arroja ningún resultado.
La operación Nicaragua
La relación México-Nicaragua, ofrece un capítulo más con datos de escándalo. El flujo de recursos financieros del gobierno mexicano a la dictadura nicaragüense que detenta Daniel Ortega, alcanza ya cifras millonarias a través de contratos y factureras.
El operador es el regiomontano Elías Gerardo Valdés Cabrera, nacido en 1969 en Monterrey, Nuevo León, hoy con domicilio en la Colonia Cumbres. Lo raro de este personaje es que fue hasta la edad de 44 años que se registró en el padrón electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), no obstante en 2005 su RFC y CURP lo declaran como accionista de Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V. (SEICSA) con domicilio en San Nicolás de los Garza, registrada en 2007 por la Dirección General de Seguridad Pública.
En 2019 el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lo nombró cónsul honorario en Saltillo Coahuila, cargo que fue refrendado en México el 27 de noviembre de 2020 por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
A partir de ahí, Valdés Cabrera, principal accionista de Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V. recibió contratos por dos mil 756 millones de pesos del Gobierno Federal (entre 2019 y 2022).
Dentro de esa suma, la Comisión Federal de Electricidad, entre 2019 y 2022, le asignó contratos por mil 102 millones de pesos.
El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, del 20 de diciembre de 2019 al 10 de enero de 2020, le asignó 814 millones 844 mil 160 pesos en 3 contratos.
El Banco del Bienestar, de 2020 a 2022, le asignó 839 millones 207 mil 587 pesos a la misma empresa.
Ahora el cónsul honorario de Nicaragua en el norte del país no se encuentra ni en las modestas instalaciones de SEICSA, en la calle Rayón 1055 del centro de la ciudad de Saltillo, Coahuila, empresa “certificada” por la Secretaría de Gobernación con el folio DGSP/091-07/900, que le autoriza realizar labores de custodia y traslado de valores y mercancía, además de seguridad especializada en instalaciones específicas como puertos y aeropuertos.
Otras razones sociales que Elías Gerardo Valdés Cabrera creó y que llaman la atención son: Roth Oil Wells & Capital Fund, S.A. de C.V., y Oilmaker, S.A. de C.V. Protocolizadas el mismo día, 11 de octubre del 2021 por el notario Alfonso Martín León Orantes en la Ciudad de México. Son empresas paralelas, con los mismos socios, apoderados y órgano de vigilancia, así como el objeto: factoraje financiero.
De acuerdo con el reportero Luis Carlos Plata del diario Zócalo, al cónsul de nicaragua se vinculan: el representante legal en SEICSA, Miguel Ángel Solís Santillán, “quien posee por su parte otras tres razones sociales de reciente creación, todas con el objeto social de vender seguridad privada en cualquiera de sus modalidades: SSS Asistencia y Supervisión, S.A. de C.V., y Protección Pedregal, S.A. de C.V., ambas constituidas en 2019, y Eurydome de México, S. de R.L. de C.V., en 2021”. Al igual que la empresa “Business Anywhere Solutions, S.A. de C.V., (que) es representada por Pedro Arturo Blancas Velasco, quien constituyó tres razones sociales más para facturar: Asesores Unidos Profesionales Recosar, E-Business Infraestructura Corporativa Empresarial, y Recosar Servicios de Administración Corporativa Global, todas el 14 de mayo de 2019 en la Ciudad de México”.
La dictadura
Nicaragua ha sufrido durante décadas los embates de la violencia política, pero actualmente está viviendo una situación alarmante. Desde que Daniel Ortega volvió al poder en 2007, el país ha experimentado un retroceso en sus derechos civiles y políticos, y una crisis humanitaria que ha llevado a miles de personas a huir de sus hogares.
La dictadura de Ortega ha sido especialmente brutal en los últimos años, con violaciones a los derechos humanos y represión en contra de la oposición política y la sociedad civil.
En abril de 2018, una protesta estudiantil pacífica fue reprimida por la policía y las fuerzas paramilitares, lo que llevó a una ola de manifestaciones en todo el país. La respuesta del gobierno de Ortega fue demencial. Detenciones arbitrarias, tortura y en algunos casos asesinatos por las fuerzas de seguridad, amén del enfrentamiento con la grey católica y los recientes exilios de opositores.
De acuerdo con Amnistía Internacional, más de 300 personas murieron en la represión de las protestas. Muchas de estas personas eran estudiantes, jóvenes y miembros de la sociedad civil que simplemente estaban pidiendo un cambio pacífico en el país.
Pero la violencia no se limitó a las protestas. Desde entonces, el gobierno de Ortega ha utilizado la ley de antiterrorismo para perseguir y detener a activistas políticos, líderes de la oposición y periodistas independientes. La libertad de prensa ha sido atacada, con el cierre de medios de comunicación independientes y la intimidación de periodistas.
La situación económica y social del país es cada vez más precaria.
A diferencia de la diplomacia mexicana y las expresiones de “no intervención” del presidente López Obrador, la situación de los derechos humanos en Nicaragua ha sido condenada por la comunidad internacional, incluyendo la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Unión Europea. Pero Ortega se ha mantenido firme en su postura y ha continuado la represión y la violencia en contra de la oposición.
Cuesta trabajo asimilar que el gobierno de México se haya convertido en instrumento financiero para apuntalar a una dictadura que viola los derechos humanos e impide un proceso democrático justo y libre a través de la represión y la violencia política que acumula ya cientos de muertes en el país centroamericano.
Redacción: regionglobal@gmail.com
Fotografía: Amnistía Internacional
0 Comentarios