El Salvador, como gran parte de la región centroamericana ha experimentado décadas de violencia extrema a manos del pandillerismo asociado al crímen organizado.

Recientemente este país, uno de los más pequeños de América Central, se ha convertido en foco de atención internacional por la política de combate a la inseguridad y reclusión de pandilleros de su actual presidente, Nayib Bukele: el ‘terror’ del terrorismo de las pandillas de El Salvador.

El Salvador ha sido conocido por su alto índice de violencia y criminalidad, asociados al narcotráfico y las pandillas, también conocidas como “maras”. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de ese país, en 2021 registró 3,565 homicidios, lo que equivale a una tasa de 54.1 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Ante esta situación, Nayib Bukele, un joven empresario y político de centro-derecha de 40 años, quien llegó a la presidencia en 2019 con una promesa de cambio y una agenda centrada en la seguridad y la lucha contra la corrupción, decidió tomar medidas drásticas para cumplir con las promesas que lo llevaron a la presidencia de esa República centroamericana.

Una de las medidas más polémicas de Bukele ha sido el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, algo que había sido prohibido por la Constitución desde el fin de la guerra civil en 1992. Bukele argumentó que la policía no tiene suficiente capacidad para enfrentar a las pandillas y que la presencia militar es condición necesaria para garantizar la seguridad en El Salvador.

"El Salvador no tiene la posibilidad de tener un debate teórico sobre la legalidad o no de utilizar a la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, porque la realidad es que las pandillas han declarado la guerra al Estado", dijo Bukele en una entrevista con la BBC en 2021.

Sin embargo, esta medida ha sido criticada por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, que han señalado que la presencia militar en las calles puede aumentar la violencia y los abusos contra la población civil.

"La militarización de la seguridad pública puede llevar a graves violaciones de los derechos humanos y debilitar el estado de derecho", dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado en 2020.

Otra medida que ha generado controversia es la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), un organismo independiente que tiene como objetivo investigar la corrupción y el crimen organizado en el país. Bukele ha promovido esta iniciativa como una forma de acabar con la impunidad y la corrupción en las instituciones públicas, pero algunos sectores han señalado que podría convertirse en una herramienta para perseguir a opositores políticos.

"La creación de la CICIES es un avance importante en la lucha contra la corrupción en El Salvador, pero su éxito dependerá de que tenga un mandato claro y sea independiente del poder político", declaró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en una entrevista con el periódico El País en 2019.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo

Pero ambos instrumentos basados en un Estado de Excepción, han comenzado a dar resultados que a unos sorprenden y a otros asustan.

Sobre todo a partir de la construcción y puesta en marcha del Centro de Confinamiento del Terrorismo.

Este centro de confinamiento fue creado por el gobierno de Bukele en 2021 con el objetivo de albergar a miembros de pandillas y grupos criminales acusados de terrorismo. Es una prisión de alta seguridad, ubicada en una antigua cárcel de máxima seguridad en el departamento de Sonsonate.

Desde su creación, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CCT) ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos y algunos sectores políticos, que consideran que ahí se comenten violaciones a los derechos humanos de los reclusos y que representa un retroceso en la política de derechos humanos en el país.

"La creación de un CCT que no cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos es un grave error y una violación a las obligaciones internacionales de El Salvador en esta materia", dijo en un comunicado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Un sector de la prensa salvadoreña, por su parte, coincide con algunos organismos internacionales, que consideran que el CCT ha sido utilizado para recluir a personas sin pruebas suficientes de su relación con grupos terroristas, y se han reportado casos de tortura y maltrato en el lugar.

En un artículo publicado en The Guardian en 2021, se describe cómo algunos reclusos del centro han sido sometidos a técnicas de interrogatorio que pueden ser consideradas como tortura, como la privación del sueño y la exposición a temperaturas extremas.

La política de reclusión de Bukele ha sido comparada con la política de detención de la base naval de Guantánamo en Estados Unidos, y ha sido criticada por varios países y organismos internacionales, que han llamado a El Salvador a respetar los derechos humanos de los reclusos y garantizar un proceso justo y transparente para su juzgamiento.

"El centro de confinamiento del terrorismo es una violación a los derechos humanos de los reclusos y un retroceso en la política de derechos humanos de El Salvador. El gobierno debe garantizar que los reclusos sean tratados con dignidad y respeto, y que se les garantice un proceso justo y transparente", dijo en un comunicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero Nayib Bukele ha enfrentado todos estos argumentos poniendo por encima el derecho de la población salvadoreña a la vida y a vivir en paz e insiste que en El Salvador se garantiza el respeto a los derechos humanos de los reclusos, pero que primero están los derechos de quienes no son pandilleros ni criminales y que a quienes cometen delitos se les garantiza un proceso justo y transparente.

¿Cero homicidios?

Los resultados han comenzado a callar algunas voces críticas y hoy son motivo de debate, principalmente en América Latina y especialmente en Centroamérica.

Según datos del Observatorio de la Violencia de El Salvador, el índice de homicidios en el país ha disminuido de forma sostenida desde que Bukele asumió la presidencia en 2019. En 2019, se registraron un total de 3,440 homicidios en el país, lo que representa una tasa de 36 homicidios por cada 100,000 habitantes. En 2020, la tasa se redujo a 20 homicidios por cada 100,000 habitantes, y en 2021, se registraron 18 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Para el 2022 los homicidios se redujeron drásticamente a 8 por cada 100 mil habitantes, la cifra más baja de Centroamérica

La política de seguridad de Bukele ha tenido un impacto significativo en la reducción de la violencia en El Salvador. Según un artículo publicado en The Economist en 2021, la estrategia de Bukele se basa en una "mano dura" contra el crimen, que incluye la creación de una unidad especial de la policía, el fortalecimiento de las medidas de seguridad en las cárceles y el uso de la tecnología para combatir el crimen.

Al iniciar 2023 se contabilizan 276 días con cero asesinatos, de los cuales, 7 corresponden a enero de 2023.

En lo que va del 2023, El Salvador representa el país con menos homicidios de toda Latinoamérica.

De los 169 días sin homicidios que se registraron el año pasado, 164 fueron dentro del marco del régimen de excepción, instrumentado constitucionalmente por el presidente Nayib Bukele y aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022.

El régimen de excepción ha logrado que en 184 municipios, de los 262 que tiene el país, no se registren homicidios.

El Salvador con un Centro de Confinamiento del Terrorismo cada día más lleno, que presenta imágenes impresionantes de los reclusos en masa, está experimentando una baja en la criminalidad que no se había conocido en décadas.

Recientemente los cercos de seguridad en Soyapango y las comunidades Tutunichapa 1 y La Granjita, de San Salvador, han dejado 1,107 pandilleros capturados y el decomiso de drogas, armas y la recuperación de más de 975 viviendas que estaban usurpadas por pandilleros o sus familias.

¿Violaciones a los derechos humanos de los pandilleros? Es muy probable, pero cero homicidios en más de cien días y una baja radical en la criminalidad, es un argumento muy fuerte que le ha ganado a Bukele simpatías y el mote de “El terror de los terroristas”.

Redacción: regionglobal@gmail.com

Twitter: @regionglobal