Durante décadas, los cárteles mexicanos han operado en la frontera norte de México y Estados Unidos, llevando a cabo actividades ilícitas como el tráfico de drogas, armas y personas, así como la extorsión y el secuestro.

Parece que estas actividades, que han tenido un impacto devastador en la población de ambos países causando dolor y sufrimiento a muchas personas inocentes, están pisando la estrecha frontera que separa al crimen del terrorismo.

Investigaciones por secuestro en Matamoros

El debate está abierto en los Estados Unidos de Norteamérica. Las declaraciones de la administración del Presidente Joe Biden no apagan el fuego encendido tras los hechos de Matamoros, Tamaulipas, donde Latavia “Tay” McGee fue secuestrada junto con sus acompañantes, su primo Shaeed Woodard y dos amigos de ella, Zindel Brown y Eric James Williams, hechos donde Woodard y Brown perdieron la vida.

La Casa Blanca es enfática en señalar que está comprometida con buscar a los perpetradores del ataque contra los cuatro ciudadanos estadounidenses para que rindan cuentas por los hechos y se logre hacer justicia.

La investigación, oficialmente, está en manos de las autoridades mexicanas, aunque trascendió que el Buró Federal de Investigación (FBI) tiene participación debido a que es un caso de muertes y secuestros de ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, influyentes voces republicanas piden revivir una vieja propuesta de Ley que data de 2011 para incluir a los cárteles mexicanos en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, en inglés) del Departamento de Estado.

¿Organizaciones terroristas?

Con un enfoque bilateral México-Estados Unidos, la Casa Blanca insiste en señalar que designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales sería inútil, pues dicha designación no agregaría nuevas facultades para combatirlos.

Karine Jean-Pierre, la vocera de la Casa Blanca, expresó:

“Designar a estos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras no nos otorgaría ninguna autoridad adicional que realmente no tengamos ya en este momento”
Estados Unidos tiene poderosas autoridades de sanciones específicamente designadas para combatir las organizaciones de narcotraficantes y las personas y entidades que las habilitan, por lo que no hemos tenido miedo de usarlas”.
Frontera estrecha

Los carteles mexicanos han establecido una red de tráfico de drogas a lo largo de la frontera norte con Estados Unidos, aprovechando su proximidad geográfica para transportar grandes cantidades a través de la frontera.

Tradicionalmente los carteles han utilizado el corredor de tráfico de drogas en la región de Tijuana y Ciudad Juárez, pero esto ya ha quedado rebasado. Prácticamente toda la frontera México-Estados Unidos ha sido contaminada con actividades delictivas.

Poco parece importar al crímen que los cárteles mexicanos del narcotráfico ya estén designados bajo dos estatutos que les imponen sanciones similares a las entidades terroristas: primero la Ley de Cabecillas del Narcotráfico (Ley Kingpin) y la Lista de Objetivos Consolidados Prioritarios (CPOT) del Departamento de Justicia de EU.

Es decir, el Gobierno de EU cuenta ya con las mismas capacidades contra los cárteles mexicanos que una designación terrorista les daría: congelar bienes bajo su jurisdicción, prohibir la entrada a su territorio y establecer sanciones patrimoniales.

Combate en territorio mexicano

Un hilo muy delgado resiste la tentación de efectuar operaciones directas en territorio mexicano. De ahí la importancia diplomática que deslizó la vocera de la Casa Blanca al insistir en la inutilidad de nombrar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

De igual forma la directora de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) Anne Milgram, comentó que “hay escepticismo del gobierno norteamericano ante las propuestas de bombardear las bases operativas” del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en territorio mexicano.

Al ser cuestionada durante un foro de la cadena CNN sobre las propuestas de legisladores republicanos para lanzar ataques militares estadunidenses en territorio mexicano, respondió que el camino es atacar las redes enteras de las organizaciones:

“Nuestra principal prioridad operativa es derrotar a esos dos cárteles en todo el mundo (Sinaloa y CJNG). Los estamos mapeando y estamos investigando todas las redes para desmantelar y degradarlas. Creo que ahí es donde tenemos que empezar”.
La soberanía

Al presidente Andrés Manuel López Obrador se le observa preocupado. Le exaspera la relación con Estados Unidos sobre todo ahora por la violencia del narcotráfico y las disputas comerciales por violaciones al T-MEC. Frente a la polémica, un nervioso López Obrador se ha limitado a señalar que “México no es ni será colonia de ningún país extranjero”.

Al encabezar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en medio de sonrisas y abrazos, el mandatario declaró que defenderá la soberanía nacional e impedirá que vuelvan a “meterse hasta la cocina”, como ocurrió en gobiernos anteriores:
“Hay que hacer valer que somos un país libre, independiente y soberano, que no somos colonia, ni somos protectorado de ningún Gobierno extranjero”.
Territorios ocupados

Pero el problema es más de fondo. Además del tráfico de drogas, los carteles también se han involucrado en otras actividades criminales como el secuestro, el contrabando de armas y el tráfico de personas. Estas actividades han aumentado la violencia en varias regiones ocupadas por el crímen prácticamente por completo, lo que ha llevado a un aumento en la inseguridad y la pérdida de vidas humanas.

La violencia relacionada con el narcotráfico ha afectado principalmente a la población civil. Las tácticas utilizadas por los cárteles, como la extorsión, el secuestro, los levantones, asesinatos y la intimidación, han llevado a que muchos negocios y ciudadanos tengan que pagar "derecho de piso" para evitar ser víctimas de violencia. Y no sólo ocurre en Tamaulipas. Lo mismo se registra en Baja California, Sonora, Chihuahua y, marginalmente con menor incidencia, en Coahuila y Nuevo Léon.

Tamaulipas es un buen ejemplo de esto. Agregue a lo anterior, en su frontera con Estados Unidos la disputa entre grupos del crimen organizado para controlar las aduanas, que mantiene niveles de violencia asfixiantes en municipios con puentes internacionales como Reynosa, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo y Camargo (“frontera chica”).

Pero los hechos como el secuestro de cuatro ciudadanos norteamericanos y sus consecuencias, no detienen a las células que operan en la frontera norte del país.

Cuando en Palacio Nacional se defendía la política de “abrazos no balazos” y la soberanía, en Reynosa sujetos armados a bordo de camionetas dispararon contra una patrulla de la Guardia Estatal, lo que desató una persecución en el centro de esa ciudad.

Mientras tanto, ya impasibles, los cuerpos de los estadounidenses secuestrados y asesinados, esperaban ser repatriados a Estados Unidos, tras ser sometidos a las autopsia de rigor en el Semefo de Matamoros.

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